Tal y como publica La Gaceta, menos de cien días después de la constitución de los gobiernos autonómicos, las pruebas de que Bildu traspasa los límites del estado de derecho se acumulan ya sobre la mesa.
Según un informe de Manos Limpias presentado en la Fiscalía General del Estado el viernes, existen nada menos que 52 pruebas para ilegalizar a la coalición. Además de presentar ese informe, también se denunció a Bildu por un presunto delito de "enaltecimiento, apología y colaboración" con ETA, instando a la abogacía a iniciar los procedimientos necesarios para ilegalizarlos.
"Bildu está dando muestras evidentes en el sentido de que sus postulados, comportamientos y objetivos son los mismos que los de ETA y su brazo político Batasuna", dicen los denunciantes. Y siguen: "Bildu ha demostrado sin ningún rubor ni complejos apoyo, cobertura, colaboración, aplausos, homenajes e incluso nombramientos en las instituciones a dirigentes batasunos y miembros de la izquierda abertzale que hacen gala de formar parte o de identificarse con la banda terrorista ETA".
Entre las pruebas aportadas por Manos Limpias están el aumento de las subvenciones para que los presos etarras viajen, las pancartas de apoyo a etarras en las fiestas populares de pueblos gobernados por Bildu, así como la retirada de la bandera española de consistorios, la existencia de diez municipios que mantienen el callejero etarra, la reciente iniciativa de eliminar la aportación al Ejército y autoridades... y por supuesto, la negativa a condenar el terrorismo de ETA, entre otros puntos.
Todo ello, informa La Gaceta, apela al artículo 578 del código penal, que prohíbe el enaltecimiento o justificación de los delitos terroristas, estableciendo penas de castigo con prisión d ¡e uno a dos años.
La Fiscalía General del Estado de Cándido Conde Pumpido deberá pronunciarse así sobre ello. Para ello deberá solicitar informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra... sobre los hechos presentados en la denuncia. Y si Pumpido decidiera rechazar el escrito, debería justificar sus razones. No obstante y con los mismos hechos, la abogacía del Estado puede abrir un expediente de ilegalización, gracias a la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Fuente: www.libertaddigital.com
Un informe reúne 52 pruebas para la ilegalización de Bildu
Todavía no se han cumplido los 100 días de gracia, que se conceden a los políticos autonómicos y locales, tras la constitución y toma de posesión de sus respectivos Gobiernos, y ya hay pruebas contundentes para sospechar que la coalición proetarra Bildu ha traspasado los límites del Estado de derecho.
Así se desprende del demoledor informe que el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias presentó el viernes pasado en la Fiscalía General del Estado con 52 pruebas para ilegalizar Bildu. También se denunció a la coalición proetarra por un presunto delito de “enaltecimiento, apología y colaboración con la banda terrorista ETA. Un tipo delictivo que encaja en el artículo 578 del Código Penal. Al mismo tiempo, Manos Limpias también ha pedido a la Abogacía del Estado que “inicie el correspondiente procedimiento administrativo para ilegalizar la formación política Bildu”.
Los denunciantes no tienen ninguna duda de que “Bildu está dando muestras evidentes en el sentido de que sus postulados, comportamientos y objetivos son los mismos que los de la banda terrorista ETA y su brazo político Batasuna”. Una vez más, un colectivo, que forma parte de la sociedad civil, ha tomado la iniciativa ante la pasividad del Gobierno socialista, que sólo se limita a meras declaraciones redundantes y vacías de contenido.
Según se desprende del escrito de denuncia, “Bildu ha demostrado sin ningún rubor ni complejos apoyo, cobertura, colaboración, aplausos, homenajes e incluso nombramientos en las instituciones a dirigentes batasunos y miembros de la izquierda abertzale que hacen gala de formar parte o de identificarse con la banda terrorista ETA”.
En este sentido, las pruebas que Manos Limpias ha presentado ante la Fiscalía se refieren a los siguientes hechos, entre otros: “Aumento de las subvenciones para que los presos etarras viajen a las cárceles; en las fiestas de los pueblos gobernados por Bildu se han colocado pancartas de apoyo a los etarras y ha desaparecido la bandera española; Martín Garitano ha exigido el cese de los juicios políticos; 10 municipios de Navarra y el País Vasco mantienen el callejero etarra; en el Proyecto San Sebastián se iguala a víctimas y verdugos; Bildu quiere eliminar la aportación vasca al sostenimiento del Ejército, Fuerzas de Seguridad y Jefatura del Estado; la coalición se niega a condenar el terrorismo de ETA e invita a familiares de presos de la banda al chupinazo de Vitoria; o Garitano convierte las fiestas de Loyola para exigir el fin de la dispersión de los presos.
Menosprecio
Todos los hechos narrados anteriormente están tipificados en el artículo 578 del Código Penal, que dice: “El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública (...) o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares de castigará con la pena de prisión de uno a dos años”.
En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara, al entender como apología “la manifestación pública de alabanza, elogio o exaltación de actos delictivos o de sus culpables”. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado por vía de principios, que “en una sociedad democrática determinadas restricciones a la libertad de expresión son legítimas y necesarias ante conductas que pueden incitar a la violencia o que pueden provocar especial impacto dentro de un contexto terrorista”.
Indagación
Así las cosas, la Fiscalía General del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la denuncia presentada. “Lo más razonable es que la admita y constate que los hechos que se denuncian son ciertos. Para ello, deberá solicitar informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra sobre los actos denunciados”, explican fuentes jurídicas. Por el contrario, si Conde-Pumpido decidiera rechazar el escrito deberá motivarlo. Es cierto que cada día que pasa hay manifestaciones más contundentes de Bildu que pueden traspasar la línea roja de la legalidad.
Con los mismos hechos por Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, la Abogacía del Estado puede abrir un expediente de ilegalización de la formación política. Esto es posible gracias a la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prevé la posibilidad de declarar fuera de la ley a los partidos que incidan en comportamientos antidemocráticos, delictivos o que apoyen a grupos terroristas.
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