El número de detenciones realizadas por los Mossos d'Esquadra desde este lunes por los altercados durante el intento de bloqueo del Parlament el 15 de junio asciende a 10, después de que entre este martes por la noche y este miércoles hayan arrestado a tres personas más, según han informado a Europa Press desde la comisión penal del 15M.
De nuevo, el colectivo ha criticado que los Mossos les estén arrestando pese a que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya pedido que se les entregue una citación para que declaren en su juzgado.
Según fuentes de la comisión penal, en muchas ocasiones las detenciones las han practicado agentes encapuchados y que les han esposado para conducirles a comisaría, un trato que consideran "desmedido".
El primero de los 22 imputados comparecerá este jueves ante el juez Velasco, han confirmado fuentes jurídicas.
El magistrado, que imputa a todos ellos un delito contra altos organismos de la Nación que conlleva penas de entre tres y cinco años de cárcel, tiene previsto tomar declaración el viernes a otras cuatro personas y el martes a un sexto detenido.
El juez investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se produjeron cuando un grupo de indignados trató de impedir la asistencia de los parlamentarios a la sesión plenaria y entorpecer su labor.
Desde primera hora del lunes los Mossos d'Esquadra comenzaron a localizar a los imputados y les trasladaron a comisaría, donde les fueron tomando declaración y entregando las correspondientes citaciones judiciales.
IDENTIFICADOS POR LAS GRABACIONES
Las imputaciones se produjeron después de que el juez Velasco solicitara a la policía catalana que identificara a las personas que participaron en estos hechos y que le enviaran las imágenes que fueron grabadas en las inmediaciones del Parlament.
El juez instructor, que abrió esta investigación a petición de la Fiscalía, rechazó investigar lo que considera incidentes contra el orden público, atentados y actos de resistencia o desobediencia que se produjeron el 15 de junio y que se persiguen en los Juzgados de Barcelona.
Algunos diputados catalanes fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciutadella, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.
A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en esta causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer "una inquisición general" contra todas las actividades del 15M, el juez acordó rebajar esa petición a 3.000 euros, dado el interés ciudadano que, a su juicio, tenía la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, como es el caso del Parlament.
De igual forma, destacó la necesidad de "permitir el legítimo ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta institución procesal".
La Fiscalía, sin embargo, apuntó en su escrito que las actuaciones de Manos Limpias eran "difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia", al pedir que se investigaran en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe y Alcalá de Henares.
A su juicio, la pretensión de los querellantes "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional".
Fuente: www.lavanguardia.com
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