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lunes, 17 de octubre de 2011

Ruz abre la vía para desentrañar el papel del investigador Carlos G. en el chivatazo

El magistrado admite la denuncia de Manos Limpias y la incorpora al Sumario del Faisán. La Policía está convencida de que ahora se descubrirá al verdadero culpable.
Pablo Ruz continúa con la instrucción del escándalo político del chivatazo a ETA, pese a que el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, después de un mes, no le ha remitido todavía el auto en el que le fija las nuevas líneas de investigación. Así se desprende de la providencia dictada por el magistrado que admite la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra el investigador del chivatazo, Carlos Germán, y su subordinado Enrique González Moreno.
La resolución judicial declara taxativamente que el escrito presentado se incorpore al Sumario 2/2008 porque hace referencia a hechos distintos de los investigados” hasta ahora. En consecuencia, se da traslado de estos hechos a la Fiscalía y a las demás partes personadas.
Esto significa que el juez con esta decisión abre una nueva línea de investigación que venían reclamando algunos sindicatos policiales sobre la participación en el soplo por parte de quien lo investigó. “De esta manera, se da un giro de ciento ochenta grados a la instrucción porque se estaría señalando como principal sospechoso del soplo al policía que ha emitido todos los informes de la investigación y que los magistrados Marlaska, Garzón y Ruz han dado por buenos”, explicaron a este diario fuentes policiales. El inicio de esta nueva investigación nada tiene que ver con los imputados Enrique Pamiés, Víctor García Hidalgo y José María Ballesteros.
Según la denuncia admitida, Manos Limpias considera que el entonces inspector jefe Carlos Germán, responsable de la sección de investigación económica de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y González Moreno, miembro de la UCI, habían cometido los presuntos delitos de “colaboración con banda armada, revelación de secretos, encubrimiento, falsedad en documento público, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos”.
Los sindicatos policiales (SUP y SPP) aseguraron a LA GACETA que “la medida de Ruz arrojará luz para esclarecer y buscar a los auténticos culpables del chivatazo”. “¿Por qué Carlos G. ocultó datos?”, se preguntan.

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