El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha solicitado a la Audiencia Nacional su personación como denunciante dentro de la causa abierta por el juez Fernando Grande-Marlaska que investiga a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presuntos delitos societarios, apropiación indebida y falsedad documental.
Según la denuncia presentada por el sindicato, "la intervención de la CAM el 21 de junio de 2011 por parte del Banco de España se produce como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores".
Según la denuncia presentada, el sindicato formula su acusación contra los expresidentes de la CAM Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias Daniel Gil, y el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco Martínez.
Por otro lado, Manos Limpias pide también que se impute al director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y al expresidente de la Comisión de Control Ramón Avilés Olmos por la falta de control sobre la entidad.
El sindicato de funcionarios coincide con las acusaciones del primer denunciante, el abogado Diego de Ramón, y acusa a la exdirectora general de la CAM de falsear las cuentas al atribuir un beneficio de 39,8 millones de euros en 2010, cuando en realidad había unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Además, denuncia a Amorós por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros, causa del despido disciplinario que le impuso en Banco de España.
COBROS DE 13 MILLONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN.
Por otro lado, Manos Limpias acusa a cinco directivos de la CAM de cobrar 13 millones de euros justo antes de la intervención de la entidad. Éstos son López Abad (5,8 millones de euros), Llorca (2 millones de euros), Meseguer (1,5 millones de euros), Soriano (1,5 millones de euros) y Sagrista (3 millones de euros).
Además, el sindicato denuncia los "pelotazos" inmobiliarios de la CAM pactados con los promotores tanto en España como en países como México o Costa Rica, entre otros, que han generado una morosidad de 7.700 millones de euros.
La CAM compartía accionariado con más de 60 empresas de la construcción en Costa Rica, Polonia, México, Holanda; dentro de los que destacan Grupo Matutes, Grupo Villar Mir, Meliá, Ferrovial, Lladró, Enrique Ortiz, Ballester, Hansa Urbana, Sedesa, Ecisa, entre otras.
El pasado viernes, el juez Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada contra Amorós y otros altos cargos por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental en la gestión de la entidad. La Fiscalía Anticorrupción también está presente en la causa.
Fuente: www.lavanguardia.com
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