MANOS LIMPIAS CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Las medidas del Gobierno de Rajoy han supuesta una quiebra del Estado de Derecho

a).- Rescate a la Banca.

b).- Déficit de las Administraciones Públicas.

c).- Malversación de caudales públicos.

El principio de Seguridad Jurídica que conlleva la tutela de los derechos y el respeto a la Ley, ha quebrado precisamente por la acción de aquellos que deben ser los máximos garantes del Estado de Derecho.

Las medidas que ha adoptado el Gobierno han vulnerado los artículos 9,10,14,24,31,35,37,39,40,41,43, y 49 del Texto Constitucional. Por el contrario, no se han exigido responsabilidades penales, civiles ni políticas a aquellos que nos han conducido a esta situación y nos han convertido en un País intervenido y rehén por parte de las Autoridades Europeas.

Manos Limpias, que representa a una parte importante de la sociedad civil, está ya diseñando las medidas a adoptar, ante la magnitud de la erosión de nuestro sistema democrático.

a).- Rescate a la Banca.

Las medidas del Gobierno se adoptan para llevar a cabo un rescate de la Banca española y consisten en castigar al ciudadano de a pie, que no ha participado de las prácticas mafiosas del sistema financiero español. El delito, el fraude, lo han cometido las Entidades Financieras con la complicidad de los políticos , y el castigo o sanción no es para ellos sino para la sociedad civil.

b).- Déficit de las Administraciones Públicas.

Destacar por otra parte, que España tendría una buena salud económica si se hubiese adelgazado la macroestructura de la Administración Central, Autonómica y Local, incidiendo fundamentalmente en una dieta muy severa sobre su estructura económica.

El despilfarro de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (el Ayuntamiento de Madrid siendo Alcalde Ruiz Gallardón, llegó hasta un pufo de 7.500 millones de Euros) y los cientos de empresas y organismos públicos con miles de contratados a dedo han llevado a adoptar estas medidas.

c).- Malversación de caudales públicos.

Si se hubieran reducido al mínimo las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronal, fundaciones y organizaciones diversas y se hubiera fiscalizado con rigor todo tipo de gasto público, no hubiéramos llegado a una situación económica de corrupción del sector financiero y de la clase política, malversandose caudales públicos por doquier.