El sindicato Manos Limpias ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y los juzgados de Madrid a los directivos de la empresa Interligare, a los exresponsables de los Ministerios del Interior y de Industria y al juez Baltasar Garzón por un supuesto caso de adjudicaciones irregulares a esa sociedad.
Sendas denuncias se dirigen contra los 13 miembros del consejo de Administración de Interligare -dos de ellos exaltos mandos policiales-; los exsecretarios de Estado de Interior y de Industria, Ciencia e Innovación; el exdirector general y la subdirectora de Infraestructuras y Material de Seguridad, el comisario de Policía Luis Luengo y Alicia Álvarez, y Baltasar Garzón.
Manos Limpias denuncia a estas personas por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, estafa, y contra la Seguridad Social y Hacienda Pública.
En su denuncia, Manos Limpias sostiene que Interligare "se llevó al menos 2,4 millones de euros de fondos públicos entre los años 2008 y 2010 en concursos falseados y con subvenciones ilegales".
Para ello, el director general de la sociedad recibía en su correo electrónico el pliego de condiciones técnicas del proyecto en cuestión firmado por la entonces subdirectora de infraestructuras del Ministerio del Interior, Alicia Álvarez, así como la memoria justificativa del mismo "para la adaptación a lo que Interligare tiene como producto de empresa".
Una vez realizado, prosigue, "se remite a Francisco Villanueva, mano derecha de Alicia Álvarez, para su tramitación".
Entre otros proyectos de los que la empresa fue adjudicataria, la denuncia menciona el Sistema de Investigación y Vigilancia Penitenciaria; el que presuntamente le concedió por parte de la Unidad Central de Información de la Policía en Canillas y otros de I+D, todos ellos sin terminar.
Además, alude a que Interligare cobró 140.000 euros de Industria por realizar un "Informe de Ciencia Ficción sobre la Violencia Doméstica", además de recibir una subvención de más de 809.000 euros en un contrato con Prisiones, "todo ello sin publicidad, saltándose íntegramente la Ley de Contratos del Estado".
Respecto a Garzón, de quien asegura que mantenía "amistad y afinidad política" con los directivos de la sociedad, subraya que con la investigación que inició sobre las víctimas del franquismo, encargó a Interligare "un contrato de más de 100.000 euros adjudicado a dedo".
Para Manos Limpias, este hecho supone un delito de tráfico de influencias y prevaricación, al que unen una presunta estafa porque el trabajo se realizó en el complejo policial de Canillas pero nunca se entregó a la Audiencia Nacional.
La denuncia también hace referencia a unas supuestas deudas pendientes que Interligare contrajo con la Seguridad Social por un importe superior a los 800.000 euros. EFE
Fuente: www.elcorreo.com
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