Torres-Dulce tendrá que pronunciarse

Manos Limpias denuncia ante la Fiscalía General las relaciones del ex juez con la presunta trama corrupta. 

La Fiscalía General del Estado deberá pronunciarse sobre el caso Interligare que salpica a varios ex altos cargos de Alfredo Pérez Rubalcaba en la época en la que este fue ministro del Interior. El titular del organismo, Eduardo Torres-Dulce, tendrá que dar respuesta a la denuncia que el miércoles le presentó el sindicato Manos Limpias, acusando de hasta cinco delitos a los miembros del Consejo de Administración de Interligare; a los ex secretarios de Estado del Ministerio del Interior y del de Industria; al ex director general de Infraestructuras, Luis Luengo, y a la subdirectora, Alicia Álvarez, además del ex juez Baltasar Garzón.

El escrito hace un acopio de las informaciones publicadas sobre la presunta trama corrupta que los ex altos cargos de Rubalcaba montaron en Interior con la finalidad de amañar contratos y apropiarse indebidamente de dinero público. Al menos 2,4 millones de euros se llevó Interligare de ayudas del Gobierno socialista de manera presuntamente fraudulenta.

Proyectos

La denuncia de Manos Limpias –que también fue presentada en los Juzgados de plaza de Castilla, en Madrid– recoge las noticias publicadas por LA GACETA y otros medios sobre las irregularidades cometidas en torno a la citada empresa, que han sido llevadas ante la Justicia por la Policía Judicial. Así, se pone el énfasis en que las ayudas fueron concedidas a Interligare “sin publicidad, esto es, a dedo, y muchos de los proyectos objeto de la subvención nunca se llevaron a cabo”.

El escrito señala que la sociedad investigada fue “adjudicataria” del proyecto Sivip –Sistema de Investigación y Vigilancia Penitenciaria–, tal y como informó este diario. La finalidad de ese sistema era establecer un mecanismo que intercomunicara todas las cárceles españolas para, entre otras cosas, poder seguir en tiempo real las visitas que recibe cada preso. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo, pese a que Interligare se llevó la cantidad destinada a sufragarlo.

A la misma empresa fue a parar “otro proyecto por parte de la Unidad Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Canilla, proyecto que quedó también sin terminar”. Otros tres ejemplos de irregularidades se citan en la denuncia: los “proyectos de I+D” inconclusos, los 140.000 euros que cobró del Ministerio de Ciencia e Innovación por realizar un informe sobre la violencia de género considerado por la Policía Judicial “de ciencia ficción” y la “subvención de más de 809.000 euros en un contrato con prisiones, todo ello sin publicidad, saltándose íntegramente la Ley de Contratos del Estado”.

En cuanto a Garzón, se le incluye entre los denunciados por el “papel desempeñado” en la adjudicación a Interligare de la elaboración de un archivo informático sobre las víctimas del franquismo, destapado también por este diario. El contrato, concedido a dedo, fue de más de 100.000 euros y se otorgó a una empresa cuyos dirigentes tenían una “relación de amistad y afinidad” con el ex juez, que entonces instruía el caso de la Memoria Histórica.

Fuente: www.intereconomia.com