La Fiscalía pide prisión para el ex consejero Antonio Fernández

PP y Manos Limpias se suman a la solicitud. La Junta se desmarca y sólo reclama que comparezca cada semana

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer prisión comunicada y sin fianza para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández por su responsabilidad en la «trama de los ERE». Exigió también una fianza para cubrir la responsabilidad civil de 890 millones de euros. El Ministerio Público argumentó que durante su declaración no ha podido desvirtuar los seis delitos que la magistrada Mercedes Alaya le imputa. Además, entiende que existe riesgo de fuga. La reclamación de la Fiscalía fue secundada por el PP y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación popular.

Llamó la atención la postura de la Junta de Andalucía, que se desmarcó del Ministerio Público y se limitó a solicitar como medida cautelar la comparecencia semanal de su ex alto cargo y una fianza de responsabilidad civil de 68 millones, petición a la que se sumó UGT. Antes de la decisión de la Fiscalía, el alegato de Fernández sonó a reconocimiento de culpabilidad, aunque con matices. Se preguntó cómo podía haber evitado el dispendio de los fondos públicos y se lamentó de no haber sido un consejero «más vigilante» y menos «confiado». Es decir, él usó un sistema de reparto de ayudas y su error fue no asegurar el cumplimiento estricto de la legalidad. Tampoco sirvió de mucho, al menos de momento, un documento aportado por su abogado en el que González Byass certifica que el ex consejero aún constaba como empleado de la empresa en excedencia entre 1980 y 2008, año en el que se acogió al ERE. 

El cuarto día de declaración de Fernández sirvió para mostrar el desconocimiento exhibido de la normativa por parte del ex consejero. A preguntas de la letrada del PP de por qué las ayudas superiores a 1,2 millones de euros no pasaron por el Consejo de Gobierno, aseguró, en un primer momento, que no era necesario, lo que motivó incluso la intervención de Mercedes Alaya. La Ley es clara: las subvenciones que superen dicha cuantía abonadas a través de la Agencia IDEA deben ser ratificadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejo rector de la Agencia IDEA, el órgano pagador de las ayudas, debe ratificar aquellas que oscilan entre 450.000 y los citados 1,2 millones; por debajo de los 450.000 euros, la autonomía se la reserva el director general del ente público. La aclaración de Alaya motivó entonces que Fernández rectificara y cambiara su versión: no sabía entonces el motivo por el que no se cumplió con el proceso y lo achacó a los servicios técnicos de la Junta de Andalucía. Tal y como anticipó su abogado, el presidente del Marco de Jerez contestó las 212 preguntas del PP, que ejerce la acusación. Es el primero que lo hace, ya que ni el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ni su chófer, Juan Francisco Trujillo, respondieron a los populares.

Fuera de los juzgados de Sevilla, Fernández recibió el apoyo de un compañero del Consejo de Gobierno, el que fuera consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías. Salió en su defensa en una entrevista radiofónica: «Conozco a Antonio Fernández y creo que hizo un buen trabajo en un momento muy difícil y complicado. Habrá que esperar a que el procedimiento siga para hacer un juicio con mayor contundencia». Zarrías señaló que no está preocupado personalmente por una posible vinculación con el caso.

Fuente: www.larazon.es