Guerrero no sólo aclaró la responsabilidad del ex consejero José Antonio Viera. También la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández (en el cargo entre 2004 y 2010), imputado asimismo en la causa. En la misma línea que apuntó en su declaración ante la Guardia Civil Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del que fuera presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, señaló que fue Fernández quien se reunió con este último y se «comprometió» a otorgarle tres ayudas, a razón de un millón por año entre 2005, 2006 y 2007. Las empresas de Rodríguez de la Borbolla –imputado recientemente–, englobadas dentro de la trama de la Sierra Norte y dedicadas mayoritariamente al tratamiento de corcho, fueron agraciadas con más de nueve millones de euros del «fondo de reptiles». De nuevo apareció el nombre de Viera, el más repetido en el interrogatorio. Dijo que fue él quien realizó «indicaciones verbales» para que se ayudara al sector del corcho.
En relación al procedimiento para otorgar las ayudas, repitió la tesis de que se elaboraron órdenes y decretos para establecer otro diferente, pero que no pasaron el filtro del consejillo de los lunes que presidió el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías. «Yo quería que el reparto fuera universal», deslizó. Guerrero dijo «entender» que parte de las comisiones cobradas, que pueden asceder a 200 millones de euros, según cálculos del PP, «iban para los sindicatos», pero que «ha sido ahora» cuando se ha enterado de estas comisiones. Sin embargo, la inclusión de mediadores en los ERE ha sido una práctica habitual al menos desde 2003, según adelantó LA RAZÓN. De ese año consta una carta de Guerrero, dirigida a la compañía Vitalicio, en la que nombra a Vitalia como «intermediario de la operación» (la póliza de los prejubilados de Minas de Río Tinto), dando la «autorización para que incluya en la póliza los gastos indicados por el citado mediador por su actuación de asesoramiento e intermediación».
El ex alto cargo se mostró «muy dolido» con el que fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo. Por acusarlo de que lo indujera a falsificar la firma de su madre para que recibiera una prejubilación irregular. Fue el chófer, según su versión, quien le planteó si su madre podría conseguir la ayuda. «Conocía lo que se hacía con las ayudas por él mismo y por otras personas». Y especialmente «dolido» por decir su ex chófer que parte de los 1,3 millones que recibió en subvenciones del «fondo de reptiles» se los gastaron juntos en fiestas, copas y cocaína.
En relación a las ayudas a Aglomerados Morell, señaló, según recoge Europa Press, que el planteamiento fue «desvestir a un santo para vestir a otro». El traslado de las instalaciones de la empresa desde Valencina de la Concepción a Villanueva del Río y Minas fue «con fines electorales y municipales» de cara a ayudar a la que fuera alcaldesa María José Cervantes. Esta empresa recibió 2,4 millones de euros entre 2008 y 2010. Cervantes es actualmente asesora en la Diputación de Sevilla.
La declaración de Francisco Javier Guerrero continuará hoy. La juez le ha formulado 76 preguntas, pero en total son 142. Debe celebrarse además una vistilla en la que se solicitará, si procede, la adopción de medidas cautelares. El sindicato Manos Limpias ya ha avanzado su intención de reclamar para Guerrero prisión eludible bajo fianza de diez millones de euros.
Los abogados tuvieron que despojarse de los móviles
Frenar las filtraciones durante la declaración en una sala donde había más de una veintena de abogados era casi imposible. La juez ordenó requisar los teléfonos móviles a todos después de la advertencia del juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester. La decisión se adoptó tras un receso de la sesión de la mañana y durante la tarde todos los presentes tuvieron de nuevo que despojarse de sus teléfonos. La declaración íntegra la trasladará a las partes la juez instructora una vez que termine. Será hoy, si le da tiempo a formular las setenta preguntas que aún tiene en la recámara.
Fuente: www.larazon.es
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