MANOS LIMPIAS PIDE PERSONARSE COMO ACUSACIÓN

La Policía aporta más pruebas que cercan a Blanco por el 'caso Campeón'

El Tribunal Supremo no quiere dejar ningún cabo suelto en la exhaustiva investigación que está llevando a cabo sobre el caso Campeón. Fuentes jurídicas han confirmado a LA GACETA que el magistrado instructor José Ramón Soriano ha ordenado a la Policía que se desplace al juzgado de instrucción número 3 de Lugo para que proceda a transcribir nuevas conversaciones, que permanecen bajo secreto del Sumario, entre el vicepresidente de la empresa de transportes Azkar, José Antonio Orozco, y el ex ministro de Fomento y diputado por el PSOE en Lugo, José Blanco.

Según las mismas fuentes, dichas conversaciones telefónicas confirmarían no sólo que Orozco actuaba como testaferro de Blanco, sino la implicación de este en todo el entramado de la operación Campeón y que presuntamente recibió comisiones de empresarios gallegos a cambio de gestiones y favores en el Ejecutivo de Zapatero.

De esta manera, la Policía Judicial que se personará hoy en el juzgado de instrucción de Estela San José recogerá toda la documentación que no ha sido hecha pública todavía a las partes y procederá a redactar el contenido de las cintas. Una vez concluido dicho trabajo será remitido inmediatamente al Tribunal Supremo para que el magistrado instructor Soriano y la Fiscalía valoren el contenido.

Más pistas

Todo comenzó, según fuentes conocedoras de la investigación, cuando en diciembre de 2010 la magistrada titular encargada de la instrucción del caso Campeón causa baja en el juzgado por motivos de enfermedad. La juez sustituta continuó con la misma línea de investigación, esto es, seguir practicando algunos interrogatorios y, por supuesto, prorrogando las escuchas telefónicas que San José tenía concedidas al Servicio de Vigilancia Aduanera.

Sin embargo, la sorpresa saltó cuando, durante los meses que estuvo de baja la magistrada titular, la Policía Judicial presentó a la juez sustituta conversaciones que implican presuntamente a Blanco con el cobro de comisiones ilegales que se investiga en este asunto. De ahí que la juez sustituta, alarmada por el contenido de dichas conversaciones y al constatar que se mencionaba a un ministro del Gobierno de España, decidió guardarlas en una carpeta hasta que se incorporara la magistrada Estela San José y decidiera al respecto.

Así las cosas, cuando San José retomó la investigación de la trama de subvenciones y ayudas públicas a cambio de presuntos favores del Gobierno central y autonómico, conoció de primera mano que el ex ministro de Fomento podía estar más implicado.

Imparcialidad

Por otra parte, la Asociación Manos Limpias presentará hoy en el Tribunal Supremo un escrito solicitando ser admitida para ejercer la acusación popular en el caso Campeón. La abogada Montse Suárez, que representa a dicha asociación, manifestó a LA GACETA que la personación de Manos Limpias responde a que “estamos en presencia de conductas presuntamente delictivas que afectan al interés general, ya que está imputado un ex ministro del Gobierno de España como José Blanco”. Para Suárez, “los presuntos delitos cometidos por el ex ministro de Fomento son tráfico de influencias y prevaricación”, según se desprende de la investigación que la juez de Lugo remitió a la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Manos Limpias explica en su escrito que Blanco debió actuar bajo el principio de imparcialidad porque pertenecía, en el momento de la comisión delictiva, al Gobierno de España. “Sin duda alguna estos sucesos han provocado alarma social en la sociedad española al cometerse un delito público contra las Instituciones del Estado”, subrayó ayer a este diario la abogada Suárez.

Intereses privados

En cualquier caso, la solicitud de la Asociación Manos Limpias de estar ante uno de los casos de presunta corrupción responde a que un representante del Gobierno se favoreciera del cargo público que ostentaba en aquella época para intereses particulares. Nada menos que ministro del Ejecutivo de Zapatero.

Manos Limpias ejercerá su derecho conforme el artículo 125 de la Constitución que establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular”. Una vez presentado el escrito, el magistrado instructor del Tribunal Supremo José Ramón Soriano decidirá en los próximos días si admite o no la representación de esta acusación popular.

Fuente: www.intereconomia.com