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martes, 6 de marzo de 2012

Cillán continúa con el 11-M y resolverá la ampliación de una querella contra Manzano

La juez no arroja la toalla pese a las presiones para apartarla. La Fiscalía de Madrid prosigue con la investigación penal. Manos Limpias solicita a la magistrada que analice el vagón de Santa Eugenia. 
Coro Cillán no arroja la toalla. A pesar de las presiones, las tramas para expulsarla de la carrera y las decisiones judiciales y de la Fiscalía, la juez del 11-M está dispuesta a seguir adelante con la investigación de los atentados, más allá del sobreseimiento libre fijado por la Audiencia Provincial de Madrid y que, en principio, no tendría que afectar a las pesquisas que se llevan a cabo en el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid.
Su entorno más cercano ya ha puesto de manifiesto, como ayer informó LA GACETA, que la magistrada pasa por un momento profesional y personal realmente delicado. “A la magistrada la están machacando”, aseguraban a este periódico fuentes judiciales, que ponían de relieve las dos diligencias abiertas contra la instructora de los atentados. Una por la vía administrativa –auspiciada por el Consejo General del Poder Judicial– por cuatro posibles faltas de disciplina y otra por el cauce penal, tras iniciar la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una investigación secreta contra las actuaciones de la juez en su juzgado. Ya han declarado tres funcionarios de Plaza de Castilla y, hasta el momento, nada se sabe sobre las razones ni sobre quien ha solicitado el inicio de la investigación.
Con todos esos antecedentes, piezas de un mayor entramado, ayer quedaba por dilucidar si Coro Cillán seguían adelante con el 11-M. Fuentes judiciales han asegurado a este diario que así será. De hecho, la magistrada está analizando estos días la continuidad o no de la ampliación de una querella que contra Sánchez Manzano interpuso el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias. “Creemos que va a seguir. No tiene sentido tirar ahora la toalla para que ganen los opositores”. No es menos cierto que de haber decidido apartarse del caso, una vez conocido el Auto de la Audiencia Provincial, ya lo habría hecho a través del correspondiente auto de archivo.
Tras el sobreseimiento judicial, únicamente le resta a Cillán pronunciarse sobre dos hechos relacionados que sobreviven en su juzgado, pero tremendamente importantes porque la toma en consideración o no puede dirimir el futuro de la investigación: uno es la ampliación de la querella contra el ex jefe de los Tedax y otro la decisión del secretario judicial del juzgado de no admitir dicha ampliación, al considerar, como estableció la Audiencia Provincial, que el auto contra Manzano, que investiga Cillán, era “cosa juzgada”, una decisión que no sólo las partes personadas en el caso pusieron en duda, sino que la propia juez y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, han mostrado su desacuerdo.
Recursos
Precisamente, Manos Limpias interpuso un recurso de reposición por este asunto ante el Juzgado nº 43 de Madrid el pasado 24 de febrero en el que se constata que el secretario, asumiendo competencias de la propia magistrada, decidió rechazar la querella, cuando un funcionario de esa categoría no es competente para dictar una diligencia sobre la admisión o inadmisión de un escrito.Una más de las muchas irregularidades que rodean al juzgado donde se dilucida el futuro del 11-M.
Por otro lado, el Sindicato de Funcionarios considera que el archivo de la causa contra Manzano “no afecta” a su querella contra el ex jefe de los artificieros, puesto que, según el abogado José Luis Abascal, “cuando se recurrió la decisión de Cillán (de aceptar la demanda), Manos Limpias ni siquiera se había personado en la causa y que su querella en nada tiene que ver –ampliando personas y hechos– con las presentadas por otras partes y sobre las que decide la Audiencia.
La ampliación de la querella criminal contra Sánchez Manzano se dirige asimismo contra Miguel Corsini, presidente de Renfe en 2204, y otros directivos de la compañía, por su posible participación directa en la destrucción y posterior desguace de los trenes explosionados sin mediar ninguna orden judicial. En todo ello subyace un probable delito de destrucción y ocultación de pruebas, vitales para el esclarecimiento de los hechos.
Santa Eugenia
Además, Manos Limpias ha solicitado a la juez que requiera a Renfe-Adif la documentación existente sobre los traslados, reparaciones y estancias en instalaciones de la compañía ferroviaria del vagón explosionado en el tren de Santa Eugenia y de los restos extraídos del mismo. Solicita también al juzgado que proceda al precinto, retención y conservación tanto del cobertizo como de los restos del coche localizados.
La pasada semana, Libertad Digital daba cuenta de la chatarra procedente de uno de los vagones explosionados la mañana del 11-M en la estación de Santa Eugenia. Ocultos y guardados durante ocho años en un cobertizo situado en las instalaciones que la empresa Tafesa –subcontrata de Renfe– posee en el distrito madrileño de Villaverde. Hasta ahora, como ocurrió con el vagón de Téllez localizado por LA GACETA, nada se sabía de estos restos a pesar de que los peritos independientes solicitaron al juez Gómez Bermúdez analizar más focos porque las pruebas eran tremendamente escasas para extraer una conclusión.

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