El acuerdo de conformidad debe plantearse antes del juicio oral. El magistrado tiene que acabar antes la instrucción.
El pacto planteado por los abogados de los imputados en el caso Nóos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, con la Fiscalía Anticorrupción para confesarse culpables de su actividad delictiva al frente de la entidad sin ánimo de lucro y eludir a cambio el ingreso en prisión no será aceptado por el juez José Castro, según apuntaron ayer a este diario fuentes jurídicas.
La Fiscalía acusa al Duque de Palma y a su ex socio Torres de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración. Para que ambos puedan evitar la cárcel, el fiscal debe solicitar una pena inferior a dos años. Pero, “la ley deja muy claro que la conformidad será con la pena más alta de las pedidas por las acusaciones y, de entrada, hay delitos que superan el tiempo mínimo para que Urdangarín y Torres ingresen en prisión”, explican. Es más, “para formalizar el pacto debe existir una pretensión de condena, un escrito de calificación para saber por qué delito se le acusa y ahora mismo eso no existe”.
Además, desde un punto de vista procesal el pacto de conformidad requiere el cumplimiento de varios requisitos legales que en este caso concreto no se cumplen. Por ejemplo, “el acuerdo de aceptación de la pena debe hacerse una vez concluida la fase de instrucción por parte del juez”, señalan fuentes jurídicas. De ahí, que “al juez Castro no le corresponda adoptar esta decisión sino a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que será la competente para juzgar a dichos imputados”, señalan.
“Ni hablar”Otra condición importante para que surta efecto el acuerdo de conformidad de la pena es que todas las partes de la defensa y de la acusación estén de acuerdo. Y de momento la acusación popular, representada por el Colectivo Manos Limpias, no lo va a aceptar. En este sentido, Miguel Bernad, secretario del sindicato, señaló a este diario que “no van a transigir con ningún tipo de pacto porque la sociedad civil no está dispuesta a que se cierre en falso un tema tan grave y con un gran perjuicio para el erario público”. De ahí, que la acusación popular tenga la llave de esta presunta negociación entre los imputados y la Fiscalía Anticorrupción.
Y es que desde el Ministerio Público se apunta que tienen numeroso material probatorio para ir al juicio y acusar tanto al Duque de Palma como al administrador de Nóos de malversación de caudales y falsedad documental, entre otros delitos. Al parecer los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau están muy molestos con la filtración aparecida en los medios acerca de la petición de conformidad con las penas que habían planteado las defensas.
Con todo, el juez Castro seguirá con el calendario de declaraciones fijado para este mes de mayo, en el que está previsto que comparezca en calidad de testigos Esteban González Pons, Diego Torres o el empresario Domingo Díaz de Mera, entre otros. Las fuentes jurídicas consultadas están convencidas de que Castro llegará hasta el final en este asunto por la exhaustiva investigación que está llevando a cabo.
Por su parte, Antonio Alberca, abogado que representa a Jaume Matas, resaltó que “dicho pacto es un enorme fraude procesal que atenta contra los principios penales”. De ahí que anunciara que no se sumará a esta propuesta.
El abogado del imputado Diego Torres negó ayer que haber ofrecido pacto alguno a la Fiscalía Anticorrupción, pero no quiso precisar si sopesa con su cliente que este devuelva el dinero defraudado.
Fuente: www.intereconomia.com
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