MADRID (Reuters) - Cuando el sábado la infanta Cristina comparezca ante el juez tras ser imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales, será la mayor victoria hasta ahora del paladín anticorrupción Miguel Bernad, un abogado que ha perseguido a banqueros, políticos y ahora a la familia real.
Desde una oficina con una habitación en Madrid, el grupo Manos Limpias que encabeza Bernad - una agrupación informal de abogados - ha librado una guerra muy personal contra la corrupción, obligando a los jueces a investigar casos delicados políticamente que de otro modo hubieran caído en el olvido.
Exfuncionario en el ayuntamiento de Madrid - y en el pasado miembro del partido político de ultraderecha Frente Nacional -, Bernad usa un instrumento legal único en el mundo conocido como "acusación popular" para entablar querellas contra terceras partes.
Los jueces pueden optar por admitirlas a trámite o no, y no todas las acusaciones de Manos limpias han conducido a una investigación judicial.
Pero muchas sí han prosperado, y el grupo se ha vuelto clave para perseguir casos de corrupción de alto nivel que afectan a políticos, sindicatos y a responsables de los grandes bancos intervenidos, donde la Fiscalía ha actuado con lentitud o no ha presentado cargos.
Impulsando casos de este tipo, Bernad ha espoleado la lucha contra la corrupción en España, que a menudo ha quedado atascada en el sistema judicial del país.
Mientras el país trata de salir de una profunda crisis económica, los sondeos de opinión muestran que la corrupción es de las principales preocupaciones de los españoles. La corrupción que estuvo detrás del desarrollo urbanístico ayudó a inflar los precios inmobiliarios y el gasto público, llevando finalmente a que España cayera en una crisis fiscal.
Las acusaciones de Manos Limpias contra la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, han llevado a la primera e histórica imputación de un miembro de la familia real.
Al acusar a la infanta, Bernad ha chocado con el ministerio público, que se negó a seguir con el caso, argumentando que no había pruebas para incriminarla.
El juez de instrucción José Castro rechazó las objeciones de la fiscalía e imputó a la duquesa de Palma basándose en los datos de su propia investigación y en los de Manos Limpias.
"Esto va a marcar un antes y un después... Si se le condena, porque se puede demostrar que ha habido delitos, sería un ejemplo para Europa y para el mundo de que nadie está por encima de la ley", dijo Bernad a Reuters en una entrevista.
La infanta, de 48 años, afronta cargos de fraude fiscal y blanqueo de dinero a través de una compañía pantalla que compartía al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin.
El duque de Palma está imputado por varias acusaciones de corrupción por haberse enriquecido ilícitamente al hacerse supuestamente con unos 6 millones de euros de dinero público que cobraba a los gobiernos autonómicos por organizar conferencias sobre deporte y negocio.
EL ÚLTIMO RECURSO
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 1.661 casos de corrupción y delitos financieros que están siendo investigados en España. Esa cifra muestra que el país está avanzando en la lucha contra la corrupción, dijo la Comisión Europea en su informe sobre la corrupción en 2014.
Sin embargo, el informe difundido a principios de esta semana advirtió de que estos casos tardaban mucho en ser investigados. Varios procesos destacados han tardado más de una década en llegar a juicio, e incluso más en tener una sentencia.
Expertos legales españoles dicen que la Fiscalía no es lo suficientemente independiente y no ha lanzado investigaciones en algunos casos, dejando a movimientos como el de Bernad llenando el vacío.
"Cuando el fiscal es consciente de que podría perjudicar su trayectoria no investiga. La acusación popular es el último recurso para abrir una investigación", dijo Andrés Herzog, abogado y político de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha impulsado querellas de este tipo contra los banqueros acusados de vender fraudulentamente a particulares un complejo instrumento financiero conocido como participaciones preferentes.
Bernad dijo que se sentía frustrado por la falta de acción contra la corrupción que había visto en el ayuntamiento de Madrid y por eso formó su asociación en 1995, inspirado por una investigación por corrupción a nivel nacional en Italia conocida como Mani Pulite, Manos Limpias en italiano.
Bernad dice que unos 32 abogados trabajan de forma gratuita para la organización en toda España, y unos miles de miembros contribuyen con fondos, dando a la asociación un presupuesto anual de unos 50.000 euros.
ACUSACIÓN POPULAR
Los medios españoles se refieren a Manos Limpias como un "sindicato ultraderechista", pero Bernad dijo que era una descripción malintencionada.
Su despacho está decorado con banderas españolas y él se describe como conservador sin afiliación política. Afirma que sus ideas han evolucionado desde que estuvo durante ocho meses en el partido ultraderechista Frente Nacional, y niega que militara en Fuerza Nueva.
"No nos pueden acusar ni de derechas ni de izquierdas ni de centro porque hemos presentado querellas contra la derecha, contra la izquierda, contra los nacionalistas, contra todo el mundo, y contra aquello que perjudica el interés público general", dijo.
Señala a una gran foto del rey Juan Carlos en la pared como prueba de que sus simpatías no contaminan sus batallas legales.
Al usar la acusación popular, Bernad ha recuperado una poderosa herramienta recogida en la Constitución de 1978 como una garantía de democracia. En el pasado, los abogados la usaron para conseguir las condenas contra el ministro socialista del Interior José Barrionuevo y los responsables oficiales que dirigieron los escuadrones de la muerte de los GAL en los años 80 para combatir a ETA y a sus simpatizantes.
"Ha habido muchos casos en los que la acción popular ha sido determinante para que hayan avanzado acusaciones en procedimientos difíciles", dijo José Luis Galán, un abogado del caso GAL.
Los jueces pueden tener en cuenta investigaciones privadas que dan lugar a tales acusaciones. Al presentar cargos preliminares contra la infanta, Castro se refirió repetidamente a las acusaciones hechas por Manos Limpias, así como a sus propias pesquisas.
En un auto de 200 páginas, Castro dijo que había pruebas de que Cristina de Borbón había pagado docenas de objetos personales - desde libros de Harry Potter a clases de baile - con fondos de la compañía fantasma creada para lavar el dinero de la fundación sin ánimo de lucro de Urdangarin, el instituto Nóos.
El juez ordenó que la infanta, que vive en Suiza, donde trabaja para la fundación caritativa de La Caixa, que comparezca en los juzgados de Palma de Mallorca.
Está previsto que pregunte sobre docenas de asuntos en una vista a puerta cerrada en la que la infanta estará acompañada por su abogado, que dice que demostrará que es inocente.
La imagen pública de la familia real ha caído a niveles jamás vistos en la democracia por el caso de corrupción.
Tras la comparecencia, Castro continuará su investigación y o presentará cargos para un juicio o retirará la acusación.
El propio juez ha dicho que puede no poder demostrar que la duquesa de Palma evadió más de 120.000 euros al año en impuestos, en el umbral entre delito y falta.
Pero como parte del caso, Manos Limpias tendría que estar de acuerdo con una sentencia pactada en la que la acusada admitiera el delito y reparara el daño.
"Veríamos; si devuelve el dinero y reconoce la culpa, nos plantearíamos la posibilidad de llegar a esto", dijo Bernad.
Por Fiona Ortiz
Fuente: www.es.reuters.com
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