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viernes, 14 de febrero de 2014

Manos Limpias denuncia ante el CGPJ a los 33 jueces catalanes a favor del derecho a decidir

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir de Cataluña al considerar que han incurrido en una falta muy grave por falta de acatamiento a la Constitución.
El colectivo denunciante considera que la declaración que suscribió la treintena de magistrados catalanes "no entra dentro del derecho a la libertad de expresión y de manifestación". "Todos los cargos públicos, y con mucho más motivo los componentes del Poder Judicial, están obligados a acatar la Constitución. Y ese manifiesto supone, atacar, quebrantar el ordenamiento jurídico y por supuesto, su máxima ley, que es la Constitución", destaca.
A su entender, la sociedad tiene motivos para estar "profundamente alarmada" ante el hecho de que quienes están llamados a ser los máximos garantes de la legalidad vigente y del Estado de Derecho tengan un "comportamiento no ya reprobable", sino que constituye una falta administrativa muy grave a la luaz del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los jueces actuaron con 'clara intencionalidad'
Este precepto castiga el "incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, cuando así se apreciare en sentencia firme". A este respecto, el sindicato pone de relieve la "clara intencionalidad" con la que actuaron los magistrados al pretender entregarlo al Parlamento catalán.
Si las diligencias practicadas dan lugar a posibles delitos de incitación a la sedición o desobediencia a las resoluciones judiciales,Manos Limpias pide que se ponga en conocimiento del tribunal competente y del Ministerio Fiscal.
Los magistrados firmantes defienden en su manifiesto que la consulta de autodeterminación que defiende el Gobierno autonómico para que los catalanes ejerzan su 'derecho a decidir' cabe perfectamente en el actual marco de la Constitución.
"La negación del derecho a decidir sólo puede entenderse por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña", reza el texto suscrito, entre otros, por el juez Josep Maria Pijuan, que instruyó hasta diciembre el caso Palau, y que ya está jubilado.

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