Análisis de las medidas económicas del Gobierno.
Las medidas adoptadas por el Gobierno son mínimas y tímidas para los partidos políticos y el resto de las instituciones del sistema y drásticas para los empleados públicos y los ciudadanos en general.
El déficit superior al 8% que se ha encontrado el Ejecutivo de Rajoy, superior al 6% previsto por el saliente Gobierno Zapatero, ha servido de excusa para la adopción de una serie de medidas contrarias a las anunciadas por el nuevo Presidente en su campaña electoral.
Antes de acceder a la Moncloa, el entonces candidato a Presidente manifestó reiteradamente que no iba a subir los impuestos, puesto que esta decisión era propia de gobiernos de izquierda. Faltando a su palabra, en el primer Consejo de Ministros ha decidido una fuerte subida de los impuestos directos, incrementando los tipos de gravamen de forma directa en los tramos de base imponible del I.R.P.F. que más afectan a las clases medias y subiendo los que afectan a las rentas del capital. Además, se incrementan las cuotas que perciben los Ayuntamientos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Al colectivo más perjudicado por las medidas anticrisis, los funcionarios públicos les ha caído el gordo de nuevo: Además de afectarles de lleno las subidas impositivas citadas, les aplican la congelación de salarios, el aumento de la jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales y la supresión de las aportaciones a los planes de pensiones. Si a esto añadimos que el año pasado ya se les habían reducido las retribuciones en una media de un 7%, la situación para ellos es desoladora. Y aquí no acaba el asunto, puesto que en un horizonte de tres meses, con la aprobación de presupuesto para 2012, se anuncian nuevos ajustes.
Mientras tanto, en las Administraciones Públicas, el número de funcionarios eventuales o de confianza y asesores de los órganos políticos, se han reducido mínimamente, maquillándose los datos, con lo que el ejemplo que se está dando es de verdadero escándalo y de mantenimiento de privilegios de los partidos políticos, que tienen representación en los tres escalones de la Administración Pública, Central , Autonómica y Local. Aunque en las medidas adoptadas se incluye la reducción de órganos de dirección, lo cierto es que los que ocupan los cargos a amortizar serán recolocados, volviendo a las plazas que tienen reservadas o mediante su adscripción a alguna de las más de 4.000 empresas públicas existentes.
Es totalmente vergonzoso que a los sindicatos y partidos políticos únicamente les hayan afectado las medidas en un 20% de reducción de las subvenciones que perciben.
Este Sindicato ha hecho múltiples propuestas para que partidos políticos, sindicatos y patronal, que forman parte del sistema, se financien con las cuotas de sus afiliados. Una mínima financiación, transparente y conocida por toda la sociedad, serviría para mantener estas instituciones y daría credibilidad a nuestro sistema democrático.
Hay cientos de miles de ciudadanos que no tienen porqué pagar con sus impuestos a sindicatos, partidos políticos y patronal en los que no creen y a los que nunca han votado o elegido.
Es un desastre nacional que existan más de 4.000 empresas públicas, estatales, autonómicas y locales, realizando tareas que corresponden a las Administraciones de las que dependen, duplicando funciones y multiplicando exponencialmente el gasto, con la única finalidad de ocultar deuda y colocar a afiliados y simpatizantes del partido gobernante en la institución de la que dependen.
Constituye un dispendio insoportable que todavía las Cajas de Ahorros, tengan en sus Consejos de Administración, consejeros políticos y sindicales, con nula experiencia bancaria y sueldos y jubilaciones multimillonarios.
Es incomprensible para cualquier ciudadano y un insulto para los parados, que todavía los sindicatos del sistema perciban dinero por intervenir en los expedientes de regulación de empleo (ERES).
Es contrario a las medidas anticrisis, que todavía se esté consintiendo el fraude en lo que se conoce como PER.
Antes que recortar los sueldos a los empleados públicos y subir los impuestos a los ciudadanos, deberían eliminarse las subvenciones a los cursos de formación de sindicatos y patronal.
También deberían eliminarse radicalmente las subvenciones a ONG, Fundaciones o Asociaciones, cuyos fines no respondan realmente al interés público. Al mismo tiempo es un clamor la necesidad de fiscalizar y anular en su caso, las subvenciones que hayan sido destinadas a fines diferentes de los previstos en su concesión.
Las medidas del Gobierno, escasas y faltas de imaginación, han supuesto un tijeretazo a los derechos de los contribuyentes y una subida de la presión fiscal.
En este primer paquete, el Gobierno prevé unos ingresos de 15.000 millones de euros, de los cuales 9.000 procederán de recortes de partidas de gastos del presupuesto y 6.000 de los incrementos tributarios.
En concreto y resumiendo, las medidas adoptadas son las siguientes:
INGRESOS:
- Subida de impuestos temporal ("dos años" ha asegurado que durará el Ministro de Hacienda) que supondrá 6.000 millones de euros por ejercicio.
- En el IRPF se establece un gravamen complementario (recargo complementario de solidaridad en las rentas del trabajo y del capital).
- Se establece un incremento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Se prorroga el IVA superreducido a la adquisición de viviendas.
- Se recupera la desgravación por compra de vivienda habitual.
- Desaparece la ayuda al alquiler para nuevos solicitantes.
- Impuestos especiales: elimina la bonificación al gasóleo profesional (cumpliendo un mandato de Bruselas).
GASTOS:
- Se recortan un 20% las subvenciones para los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
- Reducción de órganos directivos, subsecretarios y direcciones en la Administración en un 18,9%. Se suprimen 30 direcciones generales.
- Se suprimen las aportaciones a planes de pensiones de los empleados públicos.
- Se amplia la jornada laboral de los funcionarios a 37 horas y media.
- Se congela la tasa de reposición de las plazas de empleo público.
- Se suspende por un año la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia.
- Se aplaza hasta 2013 la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad.
- Se congela el salario mínimo interprofesional en 641,4 euros brutos al mes.
- Se Congela el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) en 532,51 euros mensuales.
Quedan pendientes los cambios estructurales, la reforma del mercado laboral y la del sector financiero, y es en estos aspectos donde creemos que efectivamente, si las cosas se hacen bien, se puede crear empleo. El Gobierno ya ha anunciado que aunque patronal y sindicatos no lleguen a un acuerdo, tomará medidas sobre la reforma laboral.
El resto de las medidas concretas se adoptarán dentro del presupuesto general para 2012, cuya aprobación está prevista para el mes de marzo y es de esperar que desde Bruselas, Berlín y París se presione a Rajoy para que de una nueva vuelta de tuerca al bosillo de los ciudadanos para reducir el déficit.
Y mientras tanto, podemos preguntarnos si se están exigiendo responsabilidades a los causantes del desastre, al Gobierno Zapatero saliente.
Pues para sonrojo y vergüenza de cualquier ciudadano de bien, el Gobierno de Mariano Rajoy ha condecorado a Rodríguez Zapatero con el collar de la Orden de Isabel La Católica, y al resto de los Ministros con la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica o La Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
Sobran las palabras.
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