SE INICIA EL JUICIO DEL CASO URDANGARÍN

El próximo día 6 de Febrero se iniciará en el Juzgado nº 3 de Palma de Mallorca, el juicio por el caso conocido como "Urdangarín" en el cual estará presente el Sindicato Manos Limpias ejerciendo la acción popular.

Al Sindicato Manos Limpias no le tiembla la mano para acudir ante la justicia en defensa del interés público, de la Ley y del Estado de Derecho, sea cual sea el origen del presunto delito e independientemente de la personalidad del que lo cometió.

Hemos defendido ante los tribunales a la Jefatura del Estado y lo que ella representa, cuando se la ha humillado, vejado, calumniando e injuriado, como sucedió en los casos de quema de la efigie del Rey o cuando se hizo mofa de su persona en la localidad de Alsasua, con la alcaldesa de Bildu al frente.

Ahora, cuando un miembro de la familia real, presuntamente ha podido cometer delitos, volvemos a ejercitar la acción popular prevista en la Constitución en defensa del interés público general, representando el clamor general de la sociedad española para que se aclaren las posibles actividades ilegales de Iñaki Urdangarín.

Este asunto reviste una especial gravedad y así es sentido por los españoles, dado que de las investigaciones realizadas se deduce que el Duque de Palma podría haberse apropiado de numerosos fondos públicos provenientes de los impuestos de los ciudadanos, de forma fraudulenta, vía subvención o contrato para su Asociación sin fines de lucro, el Instituto Nóos, los cuales posteriormente eran desviados a otras sociedades para su uso personal e incluso a paraisos fiscales.

Desde el más profundo respeto a la Corona, nos hacemos eco de las palabras de su Majestad el Rey en el discurso de Navidad a la nación, haciendo hincapié en el principio constitucional de igualdad ante la ley de todos los españoles, así como de las expresadas en el XX aniversario de la Federación de Colegios de Abogados de Europa, sobre el derecho de defensa de todos los ciudadanos. Por ello consideramos, como acertadamente afirma su Majestad, que deben ser los tribunales de justicia los que establezcan las posibles responsabilidades que se deriven del presente caso, independientemente de que el encausado sea el yerno del Rey.