El sindicato Manos Limpias, personado en la causa de los ERE, ampliará su denuncia tras conocer el informe de la Guardia Civil.
La primera reacción de la juez Mercedes Alaya tras recibir el informe de la Guardia Civil fue suspender todas las declaraciones previstas para analizarlo en profundidad y ver las nuevas repercusiones que puede tener sobre su instrucción. La segunda, ha sido la del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa: va a ampliar la querella presentada en su día para incluir a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y otros ex consejeros de la Junta de Andalucía.
El colectivo de funcionarios públicos entiende que tanto el ex presidente del Gobierno andaluz y actual diputado en el Congreso, Manuel Chaves, como el actual jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán, son cómplices, encubridores y cooperadores necesarios en la puesta en marcha de un sistema de ayudas ilegal que ha permitido conceder subvenciones de manera discrecional y arbitraria durante diez años.
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, aseguró ayer en declaraciones a LA RAZÓN que «después del informe de la UCO, no puede haber más» y entiende que el caso «está ya suficientemente maduro» para que se haga cargo la Sala Segunda del Tribunal Supremo. «El informe es demoledor», argumenta. Cumplirá así la amenaza que ya hicieron en su día, cuando situaron a Chaves y Griñán como «responsables» del fraude.
El trabajo de los investigadores del Instituto Armado, entregado el pasado viernes a las partes, señala, entre otras cosas, que «a juicio policial y dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes (los de la Intervención General), que recogen la asunción de obligaciones sin cobertura presupuestaria cercana a los 40 millones de euros, se debe suponer que no sólo porque lo recoja el Decreto 9/1999, sino por la propia lógica e importancia de su contenido, debía ser conocido por el consejero –Griñán–, máxime cuando en palabras del interventor general, IFA/IDEA –la empresa pública que pagaba las ayudas– era una entidad reiteradamente incumplidora».
Manos Limpias, como declaró el ex consejero Antonio Fernández, actualmente en prisión preventiva, cree que los «máximos responsables» autonómicos eran conocedores del convenio de colaboración firmado en 2001 que permitió flexibilizar los controles de la Intervención General al utilizar las transferencias de financiación –destinadas para gastos generales de funcionamiento– al ente instrumental IFA/IDEA para otorgar ayudas sociolaborales.
«No sé que hará el Ministerio Público, pero nosotros tomaremos la iniciativa porque ni el PP ni la UGT –también personados como acusación– se van a atrever a dar este paso», señala Bernad.
El sindicato se reunirá en los próximos días con su equipo jurídico para preparar la ampliación de la querella que presentarán a finales de la semana que viene.
Fuente: www.larazon.es
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