Urdangarín captó fondos bajo «un paraguas de ayuda al prójimo»

Fiscalía y Manos Limpias piden una fianza de 8,2 millones, como adelantó LA RAZÓN, y dicen que disfrazó a Nóos «de ONG» para lograr contratos públicos.

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el «caso Nóos», sostiene que Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres utilizaron el Instituto sin ánimo de lucro como «una especie de ONG dedicada a proyectos sociales» con el único objetivo de «poder acceder a fondos públicos», a través de convenios de colaboración, bajo un «paraguas de bondad y de ayuda al prójimo». 

En su petición de responsabilidad civil, a la que ha tenido acceso este periódico, la acusación reclama al juez José Castro que imponga a ambos de forma solidaria una fianza que asciende a 8.189.448,44 euros (la misma cantidad que solicitará la Fiscalía Anticorrupción), la cuantía de todas las cantidades supuestamente defraudadas a los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006 más el tercio que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN. De forma alternativa, «para el improbable caso» de que no sea atendida la petición principal, solicita que se imponga a los representantes del Instituto Nóos una fianza de 5,9 millones de euros, el resultado de descontar de los ingresos obtenidos por Urdangarín y Torres los gastos ocasionados por la organización de los congresos de turismo y deporte.

Había que «vestir el santo»

En el escrito que se presentará hoy al juez Castro, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, defiende, al igual que el fiscal Pedro Horrach, que los convenios celebrados «son nulos de pleno derecho», pues a su juicio se aplicó la normativa «de una manera arbitraria y abusando claramente del sistema de contratación directa» con la finalidad de «conceder todo lo solicitado» por Nóos. «Aprovechándose de su condición de miembro de la Casa Real española, contactó con diferentes personalidades políticas de primer orden» de Valencia y Baleares para proponerles sus proyectos y que «automáticamente» se pusiera en funcionamiento el mecanismo administrativo para «vestir el santo», es decir, «dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta». 

Mediante la «vestimenta» de un convenio de colaboración, insiste López Negrete, «las administraciones permitían asegurar la concesión» a Urdangarín «de todo lo que éste pedía». Las contrataciones, dice Manos Limpias, no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público, sino «única y exclusivamente al mero interés de» satisfacer los intereses del duque de Palma «por ser quien es». En definitiva, se trataba de una «mera cobertura de una decisión ya adoptada de antemano por los responsables políticos». Por este motivo, la acusación popular sostiene que Urdangarín y Torres «deben devolver todo lo que recibieron de forma irregular y delictivamente».

Los acuerdos alcanzados con la Administración por parte de Nóos, dice la representación letrada del sindicato, fueron «total y absolutamente pactados verbalmente, sin ningún tipo de procedimiento legal que lo mediara». Y, al igual que Anticorrupción, se queja de que Nóos empezaba a desarrollar los proyectos «incluso antes de la firma del correspondiente convenio».

Manos Limpias también denuncia que para la adjudicación a Nóos, por parte del Gobierno balear, del proyecto de patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto se pretendió «en todo momento» no someter esa contratación a un concurso público con el objetivo de dejarlo en manos del Instituto Nóos.

Fuente: www.larazon.es