Manos Limpias se persona en el caso Angora

Miguel Bernad (Manos Limpias)

Miguel Bernad señala a GACETA.ES que su sindicato no está dispuesto a que “este caso de corrupción, donde también está implicado un organismo público, quede impune”. Asegura que “la Fiscalía, una vez más, está mirando para otro lado”.

El sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid por el que se persona como acción popular en las actuaciones incoadas contra José Ignacio Encinas Charro, Juan Carlos Cueto Martín, Manuel Iglesias Sarria, Beatriz García Paesa, Ángel María Larumbe, entre otros, “por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal, y falsedad documental”. 

Cabe recordar que las personas citadas fueron detenidas en la ‘Operación Angora’, desarrollada recientemente por la Guardia Civil, contra una trama empresarial que presuntamente desvió a paraísos fiscales 41,4 de los 152 millones que recibió del Gobierno de Angola como parte de un contrato para suministrarle material policial, dinero que fue a parar a las empresas concesionarias y a funcionarios de ese país.

Dicho contrato fue obtenido por la Unión Temporal de empresas (UTE), constituida por DEFEX -participada en un 51 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI)- y la compañía Comercial Cueto 92.

“Es un tema muy serio de comisiones con un gobierno dictatorial y no estamos dispuestos a que quede impune”, indica a GACETA.ES el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien advierte también de que “la Fiscalía, una vez más, está mirando para otro lado y no está defendiendo el interés público general”.

En el texto de Manos Limpias, al que ha tenido acceso este diario, el sindicato señala que “ha tenido conocimiento extraprocesal de los gravísimos hechos que originan las actuaciones judiciales” en las que se personan en este momento inicial. “La naturaleza pública del contrato tratado, el desvío de fondos públicos a la esfera privada y la especial naturaleza y peligrosidad de los productos comercializados son los factores que impulsan” su personación en el presente procedimiento, manifiesta.

Asimismo, hace hincapié en que “se da la grave circunstancia que la entidad Defex pertenece a la SEPI; se trata de la comercializadora de los productos de armamento españoles de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”.

“Es otro tema de corrupción donde está implicado también un organismo público y, por lo tanto, siguiendo nuestra máxima de que allí donde exista un delito alguien tiene que denunciarlo porque si no se quedarían impunes”, sentencia Miguel Bernad.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado prisión incondicional para José Ignacio Encinas Charro, ex presidente de la empresa DEFEX y Juan Carlos Cueto Martín, consejero delegado de Comercial Cueto; mientras que para la esposa de este último, Icíar de Yraola Lachiondo, directora financiera de la misma mercantil, la cárcel es eludible con el pago de 200.000 euros.

En situación similar y por los mismos hechos, bajo fianza de 20.000 euros, se halla el también imputado Francisco Gómez Cuesta, quien hasta 2013 fue consejero de DEFEX.

El magistrado también ordenó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Beatriz García Paesa, sobrina del ex agente de Interior, Francisco Paesa. Según el auto de Ruz, esta letrada supuestamente ayudó a desviar al menos 41 millones a las empresas adjudicatarias del contrato de suministro de material policial a Angola. García Paesa creó supuestamente una estructura financiera para blanquear los fondos desviados en un periodo temporal que abarca de 2008 a 2012, para lo que usó paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.

Fuente: www.gaceta.es